Personas con discapacidad, en desacuerdo con proyecto de Lenia Batres sobre consultas

Personas con discapacidad, en desacuerdo con proyecto de Lenia Batres sobre consultas

Primera audiencia pública de la SCJN con personas con discapacidad. Foto de @LeniaBatres

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo su primera audiencia pública sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

En este sentido, la ministra Lenia Batres presentó un proyecto para modificar el criterio, hoy vigente, para invalidar leyes por falta de consulta previa.

Este pleno decidió ya el 7 de octubre abandonar un criterio que hacía como obligatoria la invalidez de leyes o porciones normativas de leyes, cuando no se hubiera realizado una consulta a las personas con discapacidad específicamente”, refirió la ministra.

Sin embargo, personas con discapacidad que se dieron cita en la SCJN se manifestaron contra la propuesta de Batres Guadarrama, al sostener que debe obligarse a los congresos a no legislar sobre sus derechos sin antes consultarlos.

“La consulta es un derecho, no una opción”, sentenció Saori Pérez Milo, quien es autista.

La ministra Yasmín Esquivel aclaró que la consulta era precisamente para escuchar a las personas con discapacidad.

Dicha postura fue reforzada por el ministro Giovanni Figueroa, quien añadió que el planteamiento de la ministra Lenia Batres “es una cuestión que todavía está sometida a debate”.

 Personas con discapacidad rechazan propuesta de Lenia Batres

Previo a la consulta, diversos activistas y representantes de organizaciones de personas con discapacidad advirtieron que el cambio de criterio propuesto por Lenia Batres podría poner en riesgo su autonomía.

Podemos volver a caer en el paternalismo, podemos volver a caer en una idea de que las personas con discapacidad están enfermas y que son otros los que tienen que tomar las decisiones, ese es el riesgo y es un riesgo muy alto”, señaló Catalina Torres, del Centro Educativo para Niños Sordos.

Reclamaron que hacer que las organizaciones o personas con discapacidad soliciten las consultas es adjudicarles una responsabilidad que no les corresponde y que podría afectar sus actividades personales y laborales.

Con información de Milenio y La Jornada