La organización Amnistía Internacional (AI) lamentó este viernes la muerte en Perú del manifestante Eduardo Ruiz, al que un policía -infiltrado entre los participantes en la multitudinaria protesta del pasado miércoles contra el Gobierno y el Congreso– mató de un disparo.

AI instó a las autoridades peruanas a llevar a cabo “investigaciones céleres e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.

“Lamentamos también que decenas de personas, entre ellas manifestantes, transeúntes y policías, hayan resultado heridas en el contexto de la represión estatal de las movilizaciones, y rechazamos categóricamente el uso desproporcionado de la fuerza pública y cualquier acto de violencia”, indicó.

La organización no gubernamental expresó también su rechazo a las agresiones en contra de la prensa.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reportó once ataques a periodistas que cubrían las protestas en Lima, seis de los cuales al parecer fueron heridos por perdigones de goma disparados por la Policía, lo que consideró que podría constituir un preocupante patrón de uso ilegítimo de la fuerza estatal hacia la prensa.

“Desde Amnistía Internacional hemos podido verificar que agentes policiales dispararon perdigones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, violando estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó Amnistía.

“Asimismo, focos de violencia en los que manifestantes se habrían enfrentado con agentes del orden, lo que refuerza la necesidad de que el Estado adopte protocolos de respuesta que prioricen la prevención, la mediación y la protección de los derechos”, añadió la ONG.

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Amnistía Internacional recordó que una protesta no pierde su carácter pacífico por hechos aislados o comportamientos violentos de personas individuales, por lo que es rol de las fuerzas del orden individualizar y aislar la respuesta a estos hechos, y no cesar la garantía y protección de los derechos humanos de quienes se manifiestan pacíficamente.

“Ante la actual crisis social y política que atraviesa el país, instamos a las autoridades a escuchar, y no deslegitimar las demandas de la población desde discursos estigmatizantes. Se debe garantizar el derecho a la protesta pacífica sin ningún tipo de limitaciones y detener la represión de las manifestaciones sociales”, enfatizó la organización.

Perú vivió durante la noche del miércoles una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, con movilizaciones en varias ciudades.

La marcha más grande se registró en el centro de Lima, donde la protesta se saldó con un manifestante muerto por arma de fuego, más de cien heridos, entre ellos unos ochenta policías, y alrededor de una decena de detenidos.

La protesta mantuvo las reivindicaciones de otras movilizaciones realizadas en semanas anteriores a iniciativa de la llamada ‘Generación Z,’ que se manifiestan en contra de la corrupción y de la creciente inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado.

Con información de EFE.