Ciudad Juárez.– Aunque la marca Gas Tomza, propiedad del empresario Tomás Zaragoza Ito, goza de un alto nivel de reconocimiento a nivel nacional, su estructura operativa está fragmentada en un complejo entramado de razones sociales y filiales que han sido objeto de multitud de sanciones administrativas, técnicas y económicas en los últimos años, de acuerdo con registros oficiales.
Uno de los episodios más relevantes se registró en noviembre de 2022, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa histórica de 2 mil 400 millones de pesos a un bloque de 53 empresas distribuidoras de gas LP, entre ellas Grupo Tomza, por incurrir en prácticas monopólicas absolutas.
Según el organismo, durante más de una década los distribuidores se coludieron para fijar precios y repartirse el mercado, lo que representó un daño económico estimado en más de 13 mil millones de pesos a los consumidores entre 2007 y 2019.
El historial de sanciones contra el conglomerado no se limita a temas de competencia. En 2013, la Secretaría de Energía (Sener) impuso una multa de 52 millones de pesos a la compañía tras detectar graves irregularidades en su planta de Amozoc, Puebla, escenario de una explosión.
La investigación reveló la existencia de autotanques no registrados, uso de válvulas caducadas y deficiencias en los protocolos de seguridad, lo que evidenció una falta de control interno en operaciones de alto riesgo.
De manera paralela, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha exhibido en repetidas ocasiones a Grupo Tomza en el informe “Quién es Quién en los Precios del Gas LP”, colocándolo de manera recurrente entre los distribuidores con tarifas más elevadas del país. Esta situación repercute directamente en la economía de millones de hogares mexicanos, que dependen de este combustible como su principal fuente de energía doméstica.
Más recientemente, el grupo se vio nuevamente envuelto en polémica tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, perteneciente a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., una de sus filiales estratégicas. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) determinó que el vehículo operaba sin pólizas de seguro de responsabilidad civil ni ambiental vigentes, lo que constituye una infracción grave a la regulación energética. Las sanciones podrían ascender a 70 millones de pesos, además de la revocación de permisos y la obligación de reparar daños ocasionados por el siniestro.
Transportadora Silza es considerada una pieza clave en la logística de distribución de gas LP del grupo, por lo que sus antecedentes adquieren especial relevancia. De hecho, su nombre ha aparecido en investigaciones y reportes de diversas autoridades, lo que evidencia un patrón de irregularidades en el sector.
Especialistas en materia energética y de competencia advierten que el caso de Grupo Tomza refleja los riesgos de concentración en un mercado estratégico y la insuficiencia de los mecanismos de supervisión del Estado mexicano. Señalan que, pese a las multas y sanciones, las prácticas cuestionadas persisten debido a que las ganancias generadas por las irregularidades superan con creces las sanciones económicas.
De esta manera, el historial de accidentes, sanciones y demandas acumuladas por Grupo Tomza no solo exhibe las vulnerabilidades de una empresa líder en el sector, sino también las fallas regulatorias en un mercado que resulta esencial para la vida cotidiana y la seguridad de millones de familias mexicanas.